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El Sáhara Occidental es la última colonia del continente africano que, a día de hoy, todavía sigue sin completar su proceso de descolonización -establecido en la Resolución 1514 Asamblea General de Naciones Unidas-, por el que el pueblo saharaui lleva luchando legítimamente más de 50 años, soportando la ocupación, el exilio, el refugio, y todas las formas represivas y sistemáticas del colonialismo extranjero dirigida a su tierra y a su pueblo. Actualmente, una de esas formas de colonialismo ejercida a gran escala, con apoyo y financiamiento exterior y mundial, es el expolio de sus recursos naturales, tanto los tradicionales (mayoritariamente el fosfato y la pesca), como los convergentes (los recursos renovables, energía y recursos solares y eólicos). Con todo ello, sin embargo, los Estados, principalmente, las grandes potencias, son las que se contradicen frente a la legalidad internacional, tanto privada como pública, desde las Naciones Unidas hasta los Tribunales Europeos (TJUE, sentencias 2019 y octubre 2024), y siguen incumpliendo todas las resoluciones legales y jurídicas sobre el Sahara Occidental. Concretamente, desde que la Organización de Naciones Unidas, en 1963, estableció el Sahara Occidental como territorio no autónomo, el pueblo saharaui continúa privado del ejercicio efectivo de su derecho de autodeterminación. En este contexto, Marruecos sigue atrayendo financiera y comercialmente a grandes inversiones extranjeras al Sahara Occidental ocupado, para conseguir mayor asentamiento y aprovechamiento de los recursos naturales y territoriales del pueblo saharaui, a pesar de que este territorio no forma parte de Marruecos ni de su soberanía reconocida por el derecho internacional.
Published in: Revista Internacional de Educación y Análisis Social Crítico Mañé Ferrer & Swartz