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El modelo autonómico boliviano ha sido hasta ahora un fracaso. Lo que existe son autonomías centralizadas, una auténtica contradicción, causadas por: (i) los candados centralizadores insertos en la Constitución vigente; (ii) una quincena de leyes centralistas —en muchos casos inconstitucionales— dictadas especialmente después de aprobada la Constitución; y (iii) la falta absoluta de voluntad política de los gobiernos que sucedieron a la Constitución, así como el abandono de esta causa por parte de los sucesivos gobiernos departamentales y municipales del país, principales interesados, y de los partidos políticos de oposición. Por lo anterior, resulta imprescindible iniciar el abordaje de dicho fracaso mediante una modificación parcial de la Constitución conforme a su art. 411.II, fundamentalmente en su régimen de competencias. ¿Cómo? Presentando un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución, a ser aprobado por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y luego sometiendo la reforma a consideración de cada uno de los departamentos mediante referéndums. Los departamentos que voten favorablemente asumirán las competencias autonómicas propuestas —una autonomía especial— y aquellos que voten en contra permanecerán en el régimen actual. De este modo, se haría uso de la versatilidad del Estado asimétrico permitido por la Constitución vigente, modelo que ha funcionado adecuadamente en otros países con sistemas autonómicos. No es posible acceder a un sistema federal sin antes profundizar el proceso autonómico.